La entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y que supone la transposición a la Legislación Española de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 (Directiva Whistleblowing), impone, tanto en los ámbitos públicos como privado, la implantación en las organizaciones de canales internos de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, así como la adopción de medidas de protección de los denunciantes. Se trata de una alerta interna que hace que las organizaciones puedan investigar, y actuar en consecuencia, en referencia a conductas inapropiadas.